Recortando los derechos de los niños con Autismo en España

Enviado por Daniel Comin on 15 enero, 2013.
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Es bien sabido que la crisis económica lleva un tiempo poniendo en evidencia qué intereses son los que protege el Gobierno de España, y ojo, esto no es una cuestión de color político, con el Gobierno anterior ya pasaba ya lo mismo. Y es que la defensa de los derechos ciudadanos es una cuestión accesoria y de baja categoría para los gobernantes de este país. John Fitzgerald Kennedy dijo “La grandeza de una nación se mide en como trata a sus ciudadanos más desfavorecidos”, por tanto España es una nación que se empeña en ser diminuta. Y esto no es una cuestión baladí, es más importante de lo que pueda parecer a priori, ya que la ruptura que genera este desinterés implica que al Gobierno los problemas ciudadanos le importan bien poco, ya que sus prioridades están encaminadas a preservar los intereses de quien realmente manda, sencillamente hacen caso a la voz de su amo.

Y quienes más requieren de este apoyo del Estado, que en resumen es el apoyo de todo el país, son las personas que menos reciben, incluso me atrevo a decir que son quienes acaban pagando la cuenta del festín. En una situación donde la pobreza se extiende a gran velocidad y Cruz Roja hace campañas de recaudación de fondos a nivel internacional para asegurar que los niños catalanes con menos recursos puedan tener al menos una comida digna (mientras los gobernantes se lo pasan bomba hablando de independencia se olvidan de los ciudadanos en situación de dependencia, ¿paradójico, no creen?). Estamos en un momento donde la palabra democracia suene a chiste de mal gusto, y es que la ciudadanía no pinta nada, no tiene voz ni voto porque ya no son ciudadanos, son sencillamente siervos de la gleba (Rae:Esclavo afecto a una heredad y que no se desligaba de ella al cambiar de dueño).

Y en esta situación tan truculenta nos encontramos con otro de los aspectos terribles que han contribuido a la situación actual, los impagos de las administraciones públicas. Hoy las Administraciones Públicas Españolas son los mayores morosos de toda Europa, pero son los ciudadanos los que engrosan las listas de morosos y quienes ven como sus propiedades son embargadas y ejecutadas. Y  en el caso particular de los niños y niñas españoles con Trastornos del Espectro del Autismo (TEA) , la situación se convierte en algo terrible que afecta a muchos de un plumazo. Y es que la mayor cobertura terapéutica y de intervención temprana que se da a la infancia con TEA viene del sector privado, ya que  los centros públicos no se han dotado de los medios humanos, técnicos y materiales necesarios como para dar una atención adecuada a este grupo de población, y en la línea de privatizar externalizar servicios, se contrata a centros privados donde sí hay profesionales formados y medios. Casi como tónica general estos servicios los contrata la Consejería de Sanidad de turno que llega a acuerdos con centros privados para que sean éstos quienes den la atención a este grupo de niños y niñas, a cambio la Consejería les paga una cantidad pactada por niño. Hasta aquí suena hasta bien, una forma interesante de crear una red de centros específicos para dar atención temprana a niños sin que la Administración tenga que calentarse mucho la cabeza.

Pero el problema viene cuando estos centros se llenan de niños que vienen a recibir terapiapagada por la Consejería de Sanidad, y claro, estos centros deben adecuarse al volumen de niños, hacen pequeñas ampliaciones, se dotan de más medios o personal para poder cumplir con unos niveles de calidad que aseguren que la intervención que llevan a cabo sea la mejor posible. Que no se engañen, ricos no se hacen, que tampoco les pagan tanto. Hasta aquí parece algo estupendo, pero la realidad es mucho menos bonita. La Administración paga tarde, mal y nunca, con lo cual estos centros privados se ven en una situación terrible, deben de seguir prestando servicios, están obligados por contrato, pero como no cobran se tienen que endeudar (si es que algún banco les deja el dinero) hasta límites insospechados. Y curiosamente deben seguir pagando impuestos por unas facturas que NO han cobrado, no pueden incumplir pagos a la Hacienda Pública o a la Seguridad Social (en caso contrario se les imponen recargos mínimos del 20% y sanciones que pueden llegar al 100% de la deuda). Y al final la situación pues acaba explotando, los centros (y sus propietarios) se arruinan, no pueden pagar sus compromisos por motivos obvios. Tienen un caso concreto aquí, referido al centro CEDIN de Valencia, pero cada centro concertado les va a contar exactamente lo mismo ¿Y ante este panorama qué hacemos?

Este tipo de situaciones se repite por toda España, hay algunos casos más sangrantes que otros, pero al final el problema es el mismo. Sólo en la ciudad de Valencia (En el resto de la Comunidad Autónoma no quiero ni saberlo, y la deuda en toda España da miedo) la Consejería de Sanidad de la Comunidad Valenciana tiene aproximadamente una deuda que ya supera el 1.000.000 de euros con los centros concertados (solo hay que llamar a estos centros y preguntar cuanto les deben), que quizá para los gestores de las multinacionales de la Sanidad Privada que obtienen concesiones para gestionar la salud pública esta cifra sea ridícula, ya que ellos sí tienen financiación por parte de la banca que finalmente es la que mueve los hilos, banca que en muchos casos presta a estas grandes corporaciones dinero proveniente de rescates públicos que pagamos los ciudadanos. Pero en esta situación tan lamentable lo más triste de todo esto es la puntualidad con la que el Gobierno dice pagar su deuda externa (con los lobbies financieros que los sostienen), pero luego son incapaces de pagar la deuda con sus proveedores nacionales.

Esta situación es extensible a otros ámbitos de la vida de los niños y niñas con autismo. Si el acceso a una intervención temprana de calidad se está convirtiendo en algo exclusivo de ricos y miembros del partido del gobierno (al más puro estilo de Politburó Estalinista) en lo relativo a educación estamos en las mismas. Siguen sin diseñarse las políticas adecuadas para que TODOS los niños y niñas con TEA reciban una educación adecuada a sus necesidades reales. Bueno, la verdad es que incluso se están llevando acabo acciones justo en la línea contraria, y tampoco parece haber siquiera un consenso entre las propias administraciones sobré qué hacer con estos niños, cosa más grave aún, ya que los modelos adecuados para la educación de TODAS las personas con TEA existen y están disponibles para cualquiera que lo desee. Quizá ese sea el problema, ¿Desean las Administraciones Públicas trabajar para proteger los derechos de los niños y niñas con TEA de España? Me temo que no, a los hechos me remito.

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